En el mismo contexto, como integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM), colaboró en diferentes conferencias, foros y talleres en temas como: Violencia política contra las mujeres; mujeres en la política, experiencias desde lo público;  experiencias del proceso electoral 2021; Taller paso a paso para hacer una denuncia por violencia política en razón de género; así como en el primer seminario “Instrumentos y mecanismos de atención para las candidatas y equipo de campaña en el marco del proceso electoral 2020-2021”; y para complementar las actividades, se elaboró y difundió la infografía en conmemoración del derecho al voto de la mujer.

Conferencias

Para una formación integral se impartieron conferencias en temas como: Administración de Justicia con Perspectiva de Género; El papel de la mujer como juzgadora y sus desafíos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; Diagnóstico y prevención del cáncer de mama en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama;  Incumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; La política nacional de igualdad entre mujeres y hombres y los presupuestos públicos; Machismos y Micromachismos;, Coordinación de parentalidad para la resolución de asuntos de alta conflictividad. 

En 2020 se contó con mil 700 participantes en cursos y diplomados en temas de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, para la anualidad 2021, este número se incrementó a 7 mil 306 personas, lo cual muestra un mayor interés en la materia.

Perspectiva de Infancia

Como una acción más de fortalecimiento para garantizar las condiciones mínimas que deben existir en un procedimiento judicial en el que estén involucrados niñas, niños y adolescentes,  se integró el Comité de trabajo para la elaboración del Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, proyecto que será un aporte importante y referente, que busca generar antecedentes obligatorios, homologar prácticas que faciliten el acceso a la justicia, apegados a los diversos compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, implicando un cambio de paradigma para las y los juzgadores.

Se trabaja coordinadamente con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (SIPINNA), en sus diversas comisiones, así como en el seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos por el Poder Judicial en el Programa de Protección a niñas, niños y adolescentes 2021 y en el Plan de Trabajo 2020-2023 de la Comisión del Estado de México para Poner Fin a la Violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

En materia de niñas, niños y adolescentes, en colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se participó en conferencias, pláticas de sensibilización y talleres en línea bajo temáticas como: Ley General y Estatal en materia de Desaparición; Protocolo Alerta Amber; Protocolo Alba; Protocolo Homologado de Búsqueda; Protocolo de Investigación para los delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares; Ley General y Estatal en materia de Desaparición; Amparo Rastreador; Instrumentos Internacionales en Materia de Desaparición; Declaración de desaparición y Declaración especial de ausencia.

Salas de Escucha y Salas Lúdicas

Bajo estándares internacionales y nacionales de protección a niñas, niños y adolescentes, se habilitaron ocho salas de escucha de menores y siete salas lúdicas en Tenancingo, Metepec, Naucalpan, La Paz, Atizapán, Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl. Espacios de vanguardia que ofrecen a los menores, en los momentos en que se dilucida su situación personal y familiar, un ambiente amigable y de confianza para su escucha e interacción con las y los juzgadores.

Estas acciones son un compromiso institucional que favorece la convivencia en la sociedad mexiquense y, sobre todo, la protección del interés superior de la niñez. Con ello, somos de las primeras entidades del país en contar con este tipo de espacios. Además, de dar atención a una recomendación emitida por el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad, con relación a lo señalado en Convenciones y Protocolos de Atención.

Sentencias

Como refiere la Declaración Universal de Derechos Humanos, la justicia es un derecho fundamental que “tiene por base el reconocimiento de la dignidad, intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. El Estado tiene la obligación de administrar justicia para que las personas puedan tener garantizado el acceso a la justicia.

Dentro de las diversas resoluciones emitidas por los juzgadores, se han aplicado criterios con perspectiva de género y perspectiva de infancia en materias poco comunes como la civil. Un criterio novedoso se considera el aplicado por el juez que ordenó modificar el acta de nacimiento de un menor, ya que las iniciales de su nombre provocan molestia y burla de sus compañeros de escuela, y así, no ocasionar mayores problemas a su identidad a futuro.

Destacan también las sentencias emitidas por juzgadoras y juzgadores de este Poder Judicial, ganadores en la convocatoria para compartir experiencias al juzgar con perspectiva de género y perspectiva de infancia, dentro del Congreso Nacional de Justicia Familiar, Retos frente al Covid 19.

Juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial del Estado de México ganadores:

• Mgdo. Sergio Arturo Valls Esponda
  
• Juez Romualdo Martínez Rodríguez
  
• Juez Juan Carlos Solano Salas
  
• Jueza Belem Cruz Gutiérrez
  
• Jueza Oralia Contreras Guzmán
  

El derecho a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de los Derechos Humanos; asimismo, es obligación del Estado proteger al núcleo familiar como el principal medio de cuidado y salvaguarda de los menores, bajo la consideración esencial de que este es el espacio fundamental para su desarrollo integral.

Las resoluciones emitidas por juzgadoras y juzgadores buscan contribuir a la prevención y atención de la desigualdad, discriminación, violencia contra la mujer y de género en el estado de México, mediante la atención multidisciplinaria e integral. Bajo este contexto, algunos de los ordenamientos adoptados en las sentencias son:

• Impulso a la emisión de la versión denominada “Lectura Fácil de Sentencias Definitivas” en asuntos sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, sobre guarda y custodia.
  
• Ordenar como medida de protección, que el generador de violencia se someta a un proceso obligatorio de reeducación ante el Centro de Atención y Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de Género mediante el Sistema de Seguimiento y Atención a Personas Generadors de Violencia de Género (SIGUE) perteneciente a la Secretaría de la Mujer. Acción idónea para brindar al agresor, las técnicas y herramientas necesarias para identificar actos y prácticas violentas, enfocadas a generar nuevas formas de convivencia alejadas al uso de la violencia, basadas en la igualdad de género y relaciones horizontales.
  
• Determinación -para garantizar una vida digna y erradicar la violencia patrimonial -puesto que las carencias representan un estresor importante para las víctimas-, de acciones que favorezcan la absoluta satisfacción como parte de la reparación integral en sus dimensiones individual, colectivo, material, moral y simbólico, incluyendo, el someterse a un proceso psicoeducativo con la finalidad de restablecer los lazos paterno filiales, así como, comparecer en el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa para llevar a cabo un procedimiento de justicia restaurativa familiar. 
  
• Atendiendo al interés superior del menor y al derecho a la identidad, se determina que la ausencia del vínculo biológico no es suficiente para sustentar la impugnación de paternidad. En este mismo asunto, se ordena recibir tratamiento por un especialista en tanatología para apoyar al menor en el proceso de duelo y prepararlo para afrontar la situación respecto a la falta de nexo biológico.
  
• La Trata de Personas debe combatirse con compromiso, rigor y cero tolerancia. En este sentido, se han dictado sentencias ejemplares, entre ellas, la que condena a 99 años de prisión y una multa superior a los 4 millones de pesos, por obligar a personas a dar servicios sexuales y pedir limosna.
  

En el año que se informa, se emitieron 27 sentencias por este delito, incluyendo una por 15 años, nueve meses de prisión, a una madre que explotaba sexualmente a su hija, quien la denunció al darse cuenta de que se presentaba la misma situación con su hermano menor.